Cierre de las oficinas de registro afecta a los hogares y la reactivación económica

Cierre de las oficinas de registro afecta a los hogares y la reactivación económica

Bogotá.- El servicio público de registro de la propiedad de un inmueble es prestado por el Estado para ofrecer seguridad a las operaciones dentro del mercado inmobiliario y permitir que los ciudadanos que han decidido comprar su vivienda puedan llevar este proceso a feliz término, acreditando legalmente la propiedad al inscribir la escritura pública que transfiere el dominio de la vivienda. Este es un procedimiento necesario para el desembolso de los créditos y, en el caso de la Vivienda de Interés Social, para recibir los subsidios. Cientos de hogares que están hoy a la espera de recibir su vivienda dependen legalmente de la operación de las oficinas de registro, las cuales vienen teniendo cierres frecuentes. 

Durante lo corrido de 2020 la actividad de construcción de vivienda ha estado dentro de los sectores líderes en la recuperación económica en la región, y la inversión de los hogares en vivienda nueva ha llegado a máximos históricos a pesar de la pandemia. Esto ha sido afectado por el cierre total o parcial de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Por ejemplo, recientemente se expidieron las resoluciones 10467 y 100556 del 4 y 9 de diciembre, ordenando la suspensión de la prestación del servicio a nivel nacional y en Bogotá Zona Centro.

Esto trae limitaciones a la reactivación económica, pero además pone en riesgo la viabilidad de los proyectos de vivienda, el cumplimiento de los acuerdos contractuales, su financiación, la confianza de los hogares y las necesidades de vivienda.

En este sentido, resulta indispensable implementar de manera integral e inmediata soluciones tecnológicas que generen mayor eficiencia en el trámite, tal como lo determina el Decreto 2106 de 2019 sobre simplificación de trámites. El Gremio reitera la necesidad de que se cumpla el propósito, todavía pendiente, de habilitar la firma electrónica de escrituras públicas a partir de los anexos técnicos en trámite de expedición desde hace varios meses.

Seguramente estrategias como esta permitirán descongestionar el volumen de solicitudes de registro, cuyo término legal máximo corresponde a 10 días hábiles según el artículo 28 de la Ley 1579 de 2012, y que en la realidad superan los tres meses.